El Gobierno ha hecho una nueva propuesta (la cuarta) para intentar desatascar el Diálogo Social.
Sus puntos fundamentales son los siguientes:

-Propone una rebaja permanente de 0,5 puntos en las cotizaciones y de un punto adicional durante el próximo año.
-Mantiene la oferta de crear una renta para parados sin prestación (420 euros mensuales) durante medio año.
-Elimina el compromiso impuesto a patronal y sindicatos en documentos anteriores, para que faciliten el uso de cláusulas de libertad salarial.
-Asegura que el Gobierno aprobará nuevas medidas para atajar la morosidad pública antes de octubre.
-Liga la inclusión de las ETT en la recolocación de parados al desarrollo de la normativa europea.
-Avanza que los próximos esfuerzos del Ejecutivo irán dirigidos a incentivar la colaboración público privada, aumentar la inversión en infraestructuras y apostar un modelo de construcción basado en la rehabilitación.
-Vincula la lucha contra el absentismo a un mayor control sobre las bajas laborales.

Otra de las principales novedades del cuarto borrador que el Gobierno ha entregado a patronal y sindicatos pasa prácticamente desapercibida. Apenas tres líneas diluidas en las 16 páginas del documento. La primera propuesta del Ejecutivo comprometía a patronal y sindicatos a sellar antes de seis meses el pacto salarial -cuya negociación se rompió en marzo- y a renovarlo en 2010. También instaba a “facilitar la aplicación de las llamadas cláusulas de descuelgue”, mecanismos por los que las empresas pueden cancelar los incrementos salariales pactados en caso de pasar por dificultades económicas. En cambio, la nueva redacción invita a firmar el acuerdo bipartito pero sin establecer un plazo, ni citar las cláusulas en cuestión. Esta modificación supone un importante retroceso del Gobierno en su intención de reformar la negociación colectiva para ganar en libertad salarial. Algo que fuentes de la negociación achacan a que la negociación bipartita es ámbito exclusivo de patronal y sindicatos. El documento tampoco avanza en la posible inclusión de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en la recolocación de parados. Ésta continúa ligada al desarrollo de la directiva europea, pero evita explicitar si se abrirán a las compañías privadas los sectores que les son vetados, como la construcción o la administración pública. No varía, por su parte, la articulación de la nueva renta dirigida a parados sin prestación. Seguirá ligada a la formación y se mantiene una cuantía de 420 euros mensuales durante medio año, así como la posible ampliación del programa -que no de la prestación- de seis a 12 meses.

Fuente: Cinco Días.

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