Los populares aprovechan las enmiendas a la Ley de medidas urgentes de fomento del empleo para intentar una reforma completa de las empresas de trabajo temporal.

El Partido Popular está maniobrando para intentar que las empresas de trabajo temporal puedan convertirse en agencias privadas de colocación, con ánimo de lucro. Es decir, que además de ceder trabajadores temporales a las empresas también puedan hace una labor de intermediación de los trabajadores indefinidos e, igualmente, obtener un beneficio por ello.

Este es el principal objetivo de la patronal de las empresas de trabajo temporal (ETT) en sus contactos con los grupos parlamentarios y, en esta ocasión, han conseguido que el PP plasme sus pretensiones en las enmiendas que ha presentado al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y Fomento del Empleo y Protección del Paro.

Así, en su enmienda al artículo 16, el PP propone modificar la ley “para permitir que las empresas de trabajo temporal actúen como agencias privadas de colocación con fines lucrativos”. El PP recuerda que España es firmante del correspondiente convenio de la Organización Internacional del Trabajo “que levantó la prohibición que convenios anteriores mantenían respecto a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro”.

Con este fin también de “ampliar el campo de actuación” de las empresas de trabajo temporal, el Partido Popular propone que “además de la actividad que les es propia, las ETT podrán desempeñar actividades de reclutamiento y selección de trabajadores, colocación, orientación, formación profesional y recolocación de trabajadores”.

Cesión de datos
Por lo tanto, con su enmienda, el Partido Popular configura a estas empresas “como agentes integrales de empleo, y que puedan prestar todos aquellos otros servicios conexos que les son propios”. Con toda seguridad, la propuesta del PP va a provocar el rechazo de los sindicatos CCOO y UGT, porque ya se negaron a aceptar este planteamiento de la patronal CEOE en el proceso de diálogo social que se rompió en julio pasado. Máxime, cuando comprueben además el contenido de la enmienda número 84 al citado proyecto de ley.

En su propuesta, y dentro de la colaboración con las administraciones públicas, los populares proponen “obligar” a los servicios públicos de empleo “a proporcionar a las ETT la información de la que disponen en actividades como “reclutamiento, y selección de trabajadores, colocación, orientación, formación profesional y recolocación de los trabajadores” desde sus bases de datos.

La reforma lesgislativa del Partido Popular también abre a las empresas de trabajo temporal las puertas a dos áreas a las que hasta ahora no pueden entrar: los populares defienden la colaboración de estas compañías con las Administraciones para la colocación de trabajadores y abren la mano también a que puedan hacer su labor de cesión de trabajadores en areas laborales de riesgo, con un planteamiento más laxo.

La debilidad parlamentaria del Gobierno puede hacer que el PP y Convergència i Unió se apoyen en algunas propuestas, pues ambos comparten planteamientos similares sobre las ETT.

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