Entre los principales objetivos del Proceso de Bolonia está la armonización de los sistemas nacionales de titulaciones, que permita mejorar la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad del sistema educativo superior de la Unión. Se conviene en la estructuración de dichos sistemas en dos ciclos principales de grado y postgrado. El Grado comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y persigue la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el mercado de trabajo europeo con una calificación profesional apropiada. El Postgrado integra el segundo ciclo de estudios, dedicado a al formación avanzada y conducente a la obtención del título de Máster, y el tercer ciclo, conducente a la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior.
Nos enfrentamos a un sistema completamente nuevo, que reformula la propia esencia de nuestra educación universitaria. El proceso no está siendo nada sencillo: los cambios son complejos y nos afectan a todos.
Desde luego, las claves para el funcionamiento del EEE se alzan con claridad: a) formación a profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios; b) apoyo económico; c) coordinación de planes de estudio. Estos tres puntos esenciales están siendo atendidos con irregular intensidad, y ello dificulta enormemente el éxito de la implantación del sistema.
Es lógico que exista un gran escepticismo sobre la verdadera virtualidad de esta reforma. Muchos de los implicados piensan que será “más de lo mismo”, pero quizá, eso sí, algo más complicado. Probablemente esta óptica se deba, en gran parte, a la sensación que se tiene a día de hoy de estar dando palos de ciego. Como suele ocurrir, los documentos comunitarios adolecen de cierta falta de concreción, lo que ha determinado que España tuviera que clarificar muchos conceptos e incluso dotar de contenido algunas prescripciones. En ese camino, nuestro país no ha tenido las ideas claras, como puede observarse en la aprobación en 2005 de dos normas reglamentarias sobre la estructura de las enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, reformadas en el mismo año 2005 y derogadas en 2007 para ser sustituidas por otra norma que introduce elementos nuevos y reconfigura algunos de los ya existentes. Este vaivén ha tenido su reflejo, también, en las Universidades, que en estos años han decidido y rectificado en varias ocasiones, en parte por la indecisión gubernamental y en parte por su propia inexperiencia.
Trasladando esto al terreno cotidiano, ha supuesto ciertos despropósitos: mucho trabajo en vano (elaborando y reelaborando planes de estudios según los criterios cambiantes de la administración educativa), y asesoramiento fallido (los alumnos son las víctimas de este proceso de transición tan inestable).
Se observa que las modificaciones, en cierta medida, han sido sólo formales, ya que en gran parte dependen del cambio de mentalidad de los profesores y de los propios alumnos, que se aferran a las estructuras conocidas. Y desde luego, dependen de que se financien nuevas estructuras que permitan adoptar las técnicas docentes que el Espacio de Educación Superior exige, lo que, hoy por hoy, no está sucediendo. No se puede pedir a los profesores que den clases eminentemente prácticas y con evaluación continua del rendimiento de los alumnos, cuando, por ahorrar, se les coloca frente a grupos de casi 100 estudiantes y en aulas no siempre acondicionadas para este tipo de clases.
¿Acabará todo esto en una gran chapuza?

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