El Ejecutivo tendrá que buscar una coartada si, finalmente, las negociaciones entre patronal y sindicatos para reformar el mercado laboral vuelve a enrocarse. En el documento oficial puesto encima de la mesa hay ideas mayúsculas, otras livianas y algunas, simplemente, irrenunciables desde el punto de vista legal.

Es el caso del cerco a la intermediación laboral o, dicho en palabras más llanas, las trabas artificiales que arrastran las agencias de empleo privadas, más conocidas como ETT.

En 2000, patronal y sindicatos acordaron permitir a estas sociedades alternativas al Inem servir de surtidor de trabajadores en cualquier sector y empresa. Cabe recordar que los empleados contratados a través de esta vía no pagan ningún plus extra, y tienen garantizada por ley su equiparación salarial con el resto de la plantilla.

Es decir, tienen garantizados sus derechos laborales. Desde esta óptica, el III Convenio Colectivo Estatal del sector firmado por los agentes sociales se hacía eco de que «no parece procedente obstaculizar en la negociación colectiva la contratación a través de ETT».

Sin embargo, a día de hoy las trabas persisten en la construcción, la sanidad y la Administración Pública, además de en un listado de más de 70 convenios (vinculados con la alimentación, el comercio mayorista de frutas y hortalizas y un largo etcétera), que EXPANSIÓN ha conseguido recopilar.

Sin dudas
Para despejar cualquier duda sobre el asunto, la Comisión Europea reforzó esta idea con una Directiva «en vigor desde noviembre de 2008», en la que se insta a los socios de la UE a remover todos los frenos que impiden la libre actuación de las agencias privadas de empleo, a la vez que exige unos plazos.

En un periodo de tres años, los Estados miembros deberán revisar cualquier restricción o prohibición al uso de estas empresas a efectos de verificar si dichos impedimentos o prohibiciones son justificadas.

Y he aquí el otro gran caballo de batalla: Bruselas ya ha comunicado a España que con una tasa de paro cercana al 20% «y que rebasa el 40% entre los menores de 25 años» y una recesión de fin incierto debe mover ficha para cambiar este tablero de juego.

La oportunidad es ahora. La propuesta oficial para reformar el mercado de trabajo incluye «la mejora general» de la intermediación laboral. El Ejecutivo admite que el sector ha demostrado su eficacia a la hora de casar las ofertas con la demandas de trabajo. Incluso reconoce que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda su uso como antídoto para potenciar la recolocación de los parados.

El Ministerio de Trabajo tiene ahora la última palabra, aunque supedita el protagonismo que están llamadas a desarrollar las ETT a que los Inem de cada una de las comunidades les den el visto bueno y que sean catalogadas como «entidades colaboradoras» de la red pública. Quizá este doble criterio suavice la reticencia sindical a aceptar como agentes de derecho a las ETT.

Una isla llamada España en medio de la UE

Noruega y Grecia comparten con España la restricción impuesta a las agencias privadas de empleo para gestionar contratos indefinidos. Por esta razón, su labor sigue atada a los trabajadores de carácter eventual, un escollo que quieren resolver. En paralelo, España es el único socio que veta la intermediación laboral de empresas privadas en los sectores de la sanidad, la construcción y las Administraciones Públicas.

Publicado el 05-04-2010 , por M. Tejo:  EXPANSION

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