En este año aciago en el que el número de parados ha superado por primera vez los cuatro millones, el Servicio Público de Empleo -antiguo Inem- solo ha intervenido de manera directa en el 3% de las colocaciones. Es decir, que solo tres de cada 100 desempleados han logrado un contrato gracias a su intermediación. Aunque el Ministerio de Trabajo maneja otros cálculos y eleva el porcentaje al 10%, no deja de ser un balance muy pobre.
La reforma laboral, aprobada esta semana en el Senado, y que ahora vuelve al Congreso, pretende mejorar su funcionamiento con medidas como la rebaja hasta los 30 días del periodo de gracia que se concede a los parados para rechazar cursos de formación sin ser sancionados con la pérdida de la prestación. También aumenta el campo de actuación de las empresas de trabajo temporal. Los sindicatos denuncian que se está cargando toda la culpa de la ineficacia del sistema en los trabajadores cuando lo que ocurre es que faltan recursos.
El pésimo desempeño de los servicios públicos de empleo no lo discute nadie y hasta el Gobierno lo reconoce. Los datos son irrefutables. De 8.130.130 colocaciones entre enero y julio, solo 212.124 se pueden atribuir a su labor, lo que arroja un porcentaje del 2,6% tras aplicar una elemental regla de tres. Ni llega al 3%. Y las cifras están extraídas de estadísticas oficiales. El Ministerio de Trabajo llega hasta el 10% porque hace el cálculo de una forma que no detalla.
Se mire como se mire, la tasa de intermediación pública es muy baja y empalidece aún más si se compara con la de las agencias privadas de empleo. Agett, la patronal de las ETT, estima que la contribución de estas entidades a la casación de oferta y demanda se eleva al 12,9%, «5,3 veces más que la del servicio público de empleo». En concreto, entre enero y junio gestionaron 867.615 colocaciones sobre un total de 6.743.691, pese a que no pueden intermediar en el mercado laboral.
Pocas ofertas

Las empresas no confían demasiado en el servicio público para cubrir sus vacantes. En julio entraron 60.141 ofertas de empleo, pero hay que destacar que un 40% de ellas procedía de la Administración y el 30% de la construcción. Son justo los dos sectores vetados para las ETT, aunque eso es algo que va a cambiar con la reforma laboral, que abre la puerta a la intervención de estas entidades en ambos terrenos. No obstante, lo más curioso es que de esas ofertas recibidas quedaron sin cubrir 7.751, aunque de ellas habría que descontar 4.780 por anulaciones por parte del empresario.
Los parados se quejan de que ni les llegan ofertas ni cursos de formación adaptados a su perfil. Según un estudio de Agett, elaborado con datos del primer trimestre del año, solo un 17% de los desempleados realiza algún tipo de formación. Apenas 788.000 personas de los más de 4 millones que buscan un trabajo en esos tres meses.
Es una proporción baja si se tiene en cuenta que los trabajadores menos formados son los más castigados por la crisis. Casi siete de cada diez parados que recurren a las oficinas de empleo sólo han completado la enseñanza secundaria mientras los desempleados con estudios superiores apenas alcanzan el 13%.
¿Por qué entonces es tan baja la asistencia a cursos de formación? El Gobierno considera que hay parados que no son activos en la búsqueda de un empleo. De ahí su propuesta para reducir el plazo de que disponen para rechazar cursos hasta dejarlo en 30 días. «A nosotros no nos consta en absoluto que se rechacen cursos. Lo que ocurre es que no hay una oferta adecuada. Si a una persona con conocimientos medios de informática le ofrecen un curso básico de ‘Office’, es lógico que diga que no. Ahora bien, si de lo que se trata es de tener entretenido al personal, pues nada, que lo haga», denuncia Paloma López, secretaria confederal de Empleo de Comisiones Obreras.
La legislación vigente ya amenaza a los parados que rechacen ofertas con quitarles la asignación. Pero no parece que ese sea el problema. «En 2010 se ha retirado la prestación a 97 personas por rechazar una oferta de empleo», admite Javier Orduña, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, que recuerda que la gestión de la intermediación laboral es competencia de las comunidades autónomas después de la reforma que descentralizó el sistema. Ellas dan el parte sobre quién debe dejar de cobrar el paro.
Los sindicatos tienen claro dónde falla el sistema. Recuerdan que en España cada funcionario atiende de media a 189 desempleados, mientras en Europa la proporción media es de 1 a 50. «Lo que hace falta es invertir más en políticas activas y mejorar los servicios públicos de empleo», afirman en UGT. «Y que las comunidades se coordinen mejor con el Gobierno central, porque es un caos», añaden en CC OO.
En Francia, por ejemplo, cada funcionario del servicio de empleo atiende a 12 personas, lo que le permite dedicar mucho tiempo y esfuerzo a cada una de ellas. Es una de las razones de que el ‘Pôle Emploi’ intermedie en el 25% de las colocaciones. La Agencia Federal de Empleo alemana es también muy eficiente en organizar la formación de los parados. Invierte unos 2.003 euros por persona, frente a los 479 de España. El sistema español debe mejorar y no está claro que la reforma laboral vaya a servir para ello.
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