La reforma laboral elimina las restricciones clásicas de las ETT para operar en sectores como la construcción, la sanidad y la Administración Pública, pero limita su actividad a la cesión eventual de trabajadores. La situación impide que se conviertan en agencias globales, entidades que, además de contrataciones temporales, ya gestionan la selección, formación y colocación indefinida de profesionales en buena parte de países de la Unión Europea.

Hace meses que las empresas de trabajo temporal (ETT) y las firmas de recolocación han fijado su vista en la aprobación de la reforma laboral cocinada por el Gobierno. El acuciante deterioro del mercado de trabajo -en el que actualmente conviven más de cuatro millones de parados-, la apuesta manifiesta por introducir medidas que flexibilicen las condiciones de entrada al empleo y la urgencia con la que la Comisión Europea conminó a que los Estados miembro revisaran las prohibiciones que pesaban sobre estas empresas, hacía prever que el sector del trabajo temporal entraría, tras años de espera, en una fase de modernización de sus estructuras. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy, a pesar de todas sus limitaciones, las ETT gestionan casi el 13% de las colocaciones realizadas en el conjunto del mercado laboral, mientras que los servicios públicos de empleo apenas intermedian en el 2,4% del total de ofertas. Sin embargo, las expectativas del sector se han cumplido sólo en parte.

El texto aprobado por el Gobierno elimina las reestricciones que las empresas de trabajo temporal tenían hasta ahora para operar en sectores considerados de riesgo-como el de la construcción y el sanitario- y en la Administración Pública. Además, normaliza el ejercicio de las firmas de outplacement -aquellas que prestan servicios de orientación profesional y que desarrollan planes de acompañamiento al desempleado, generalmente tras un proceso de reestructuración-, facultándolas para que colaboren con los servicios públicos de empleo de cada comunidad autónoma bajo la denominación de “agencia de colocación”, con o sin ánimo de lucro . Como recuerda Nekane Rodríguez, directora general de Creade Lee Hecht Harrison -la firma de recolocación del grupo Adecco-, esto supone un avance: “Hasta ahora las fundaciones eran los únicos organismos que podían cooperar desarrollando programas experimentales y planes integrales de empleo. Ahora el Gobierno reconoce la actividad privada, tal como sucede en otros países europeos que tienen una larga tradición en materia de outplacement, como son Francia, Alemania y Holanda”.

Claude Viala, consejero delegado de MOA BPI Group, cree que la apertura al sector privado representa la única novedad que introduce el Gobierno. Un cambio que no está exento de riesgo para las actuales firmas, que ya esperan que en los próximos meses se produzca en el mercado una proliferación de pequeñas agencias de colocación carentes del know how, de la experiencia y de los recursos de las marcas ya consolidadas .

Ante esta perspectiva, Javier Cantera, presidente del grupo BLC y vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Recolocación y Empleo (Anepre), insiste en la necesidad de garantizar la puesta en marcha de políticas activas de empleo de calado. “El cambio de modelo productivo también implica una transformación de las características competenciales del capital humano. En este sentido, los procesos de reestructuración no se deben complementar con cualquier programa de acompañamiento, sino con planes sociales sólidos, capaces de orientar profesionalmente al desempleado en función de los nichos ocupacionales, como ya sucede en Francia desde la década de 1970“. Sin embargo, la reforma laboral no impone unos mínimos legales en lo que se refiere a la composición y resultados de estos planes sociales. Tampoco contribuye a facilitar la búsqueda de trabajo del desempleado, que cada vez encontrará más intermediarios laborales durante su proceso de colocación.

Precisamente éste es también el punto que más controversia está generando en el sector de las empresas de trabajo temporal. Por una parte, la reforma laboral ha eliminado las reestricciones a las que estaban sometidas estas firmas pero, por otra, continúa limitando su actividad a la mera cesión eventual de trabajadores. Para Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, “el documento presentado por el Gobierno está incompleto e induce a la confusión, por eso todavía es difícil saber cómo se podrá llevar a cabo la mejora de la intermediación a través de una mayor presencia de las empresas de trabajo temporal. Es pronto para adelantar cuál será nuestra situación en los próximos meses, pero hay que reconocer que España parte desde una posición de desventaja respecto al resto de países de la Unión Europea”, asegura.

Agencias globales
En efecto, a excepción de Luxemburgo, Grecia y Noruega, nuestro país es el único en el que aún no se ha producido la reconversión de las ETT en agencias globales de empleo , empresas que gestionan toda la cadena de valor de los recursos humanos -selección, formación, colocación y recolocación-, ya sea para cubrir un puesto temporal o indefinido. Las últimas tres reformas que han sido realizadas en este sentido en Europa fueron la austríaca (2002), la reforma Biaggi en Italia (2003) y la Ley de Cohesión Social en Francia, aprobada en 2005 . De este modo, como recuerda Raúl Grijalba, director general de Manpower, en el entorno comunitario actual apenas existen ejemplos de países en los que no se produzca una colaboración directa entre los servicios públicos y estas agencias globales de empleo. En Holanda, ambos organismos intercambian información, servicios de orientación y bases de datos de candidatos. De este modo, el 65% de las ofertas publicadas por la administración provienen de agencias privadas.

Los acuerdos de cooperación laboral tienen también una larga tradición en Francia, donde la colaboración público privada data de 1994. La Federación Nacional de Agencias Privadas de Empleo (Prisme) y el servicio público de empleo francés (ANPE) intercambian información sobre vacantes, desarrollan proyectos de colocación -financiados por el Estado- dirigidos a colectivos de difícil inserción y trabajan sobre la orientación profesional de los desempleados. Según datos proporcionados por Agett, los parados que participan en estos programas de reciclaje profesional encuentran trabajo en menos de tres meses. Además, desde que entró en vigor la citada Ley de Cohesión Social, el servicio público de empleo francés subcontrata oficialmente programas de colocación, evaluación y seguimiento de los desempleados y permite que las agencias privadas gestionen también contrataciones indefinidas.

En Reino Unido, país que genera el 15% de la facturación mundial del sector y que lidera la penetración de las agencias globales en la Unión Europea, la federación nacional de agencias privadas de empleo y el servicio público de empleo inglés, conocido como Job Centre Plus, también llevan años desarrollando proyectos de inserción profesional. A efectos de desarrollar esta cooperación, las agencias globales y el servicio público realizan reuniones trimestrales para discutir asuntos estratégicos y desarrollar aspectos de interés común para ambos actores del mercado laboral. Por su parte, en Alemania las agencias privadas tienen acceso a la información sobre ofertas y candidatos recopilada por el servicio público de empleo. Asimismo ambos organismos diseñan estrategias de actuación conjuntas, como programas para mejorar las competencias profesionales de los desempleados.

Francisco Aranda cree que las ETT que lo desearan podrían continuar limitándose en exclusividad a las tareas de cesión temporal de trabajadores, aunque recuerda que “si se facilitara su colaboración con los servicios públicos de empleo, no sólo aumentaría la efectividad de las colocaciones en España, sino que el Gobierno se ahorraría buena parte de las prestaciones contributivas y asistenciales“.

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