Las empresas que colaboren con la Administración deberán acreditar que, al menos, hacen un 40% de su actividad con recursos propios.

El Gobierno ha terminado por admitir que necesita la colaboración de las agencias privadas de colocación y con ánimo de lucro para luchar contra el elevado desempleo, situado en 4,5 millones de personas o el 20% de la población activa.

Sin embargo, no quiere que, entre los resquicios de la normativa, se le cuelen chiringuitos proclives al fraude y que, además, se dediquen a vivir de los fondos de los Servicios Públicos de Empleo. Así se desprende del borrador del Reglamento de las Agencias de Colocación, al que EXPANSIÓN ha tenido acceso.

Por esta razón, el Ministerio de Trabajo e Inmigración impone duras condiciones a las empresas que quieran trabajar en este área, y más, si suscriben convenios de colaboración con la Administración para ayudar a los parados a encontrar trabajo. Estos son algunos de los criterios más exigentes con las agencias privadas de colocación.

– Fondos propios. Las empresas privadas deberán acreditar que, al menos, hacen un 40% de su actividad con fondos propios y que no proceden de los servicios públicos de empleo. Si se trata de entidades sin ánimo de lucro, como organizaciones no gubernamentales o agencias locales o vinculadas a la Iglesia, el nivel exigido de actividad con fondos propios baja al 10%.

“Se pretende evitar que las agencias de colocación sólo desarrollen actividades financiadas con fondos públicos”.

– No se cobrará a los trabajadores en ningún caso. El Gobierno establece diversas posibilidades de hacer negocio a esta empresas en función de si han suscrito, o no, un acuerdo de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo. En ningún caso, estas empresas podrán cobrar a los trabajadores a los que presten sus servicios. Si hay acuerdo de colaboración con la Administración, tampoco podrán facturar a la compañía a la que han le han buscado el trabajador. Es la Administración la que les remunerará por contribuir efectivamente a la reducción del paro.

– Criterios de eficacia. En relación con el último punto, el convenio de colaboración entre la Administración y las empresas de colocación tendrá, al menos, indicadores de eficacia que se fijarán en función de las circunstancias del acuerdo y su contexto. Entre otros, el número de perceptores de prestaciones por desempleo atendidos, así como el número de contratos indefinidos realizados.

El acuerdo también deberá fijar el nivel de ofertas y puestos de trabajo cubiertos como resultado de la labor de intermediación y el número de contratos suscritos por las personas atendidas. También deberá haber una relación de desempleados con dificultades de inserción laboral que han sido atendidos. Todos estos indicadores serán evaluados cada dos años, “a efectos de suscripción de posibles convenios de colaboración”, además de que la empresa deberá presentar una memoria anual dentro del primer trimestre del ejercicio.

– Demostración de la solvencia. Con el fin de evitar que proliferen los chiringuitos fraudulentos, el reglamento dispone que, para autorizar a la agencia de colocación que solicite comenzar la actividad, los Servicios de Empleo tendrán en cuenta para ello, y entre otros puntos, los siguientes. Que la empresa tiene “solvencia técnica suficiente para desarrollar su actividad de intermediación laboral”, que cuenta con los centros de trabajo adecuados, “teniendo en cuenta su dimensión, equipamiento y su titularidad”. En tercer lugar, la Administración exigirá a la compañía que tenga “una experiencia mínima previa en la ejecución de programas de empleo y/o gestión de recursos humanos”.

– Vigencia de cinco años. Éste es el plazo inicial de la autorización administrativa para las agencias de colocación, siempre y cuando cumplan las condiciones citadas anteriormente y no se quebranta ninguna de las normas del Gobierno central o de las comunidades autónomas.

Esto es así, porque, será el Servicio Público de Empleo Estatal el que conceda la autorización cuando las agencias pretendan desarrollar su actividad en varias comunidades autónomas. Las administraciones regionales serán las que autoricen a la empresa cuando ésta sólo vaya a funcionar en una sola región. En cualquier caso, la autorización valdrá para trabajar en toda España sin necesidad de más trámites administrativos.

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