El Ejecutivo tendrá que buscar una coartada si, finalmente, las negociaciones entre patronal y sindicatos para reformar el mercado laboral vuelve a enrocarse. En el documento oficial puesto encima de la mesa hay ideas mayúsculas, otras livianas y algunas, simplemente, irrenunciables desde el punto de vista legal.
Es el caso del cerco a la intermediación laboral o, dicho en palabras más llanas, las trabas artificiales que arrastran las agencias de empleo privadas, más conocidas como ETT.
En 2000, patronal y sindicatos acordaron permitir a estas sociedades alternativas al Inem servir de surtidor de trabajadores en cualquier sector y empresa. Cabe recordar que los empleados contratados a través de esta vía no pagan ningún plus extra, y tienen garantizada por ley su equiparación salarial con el resto de la plantilla.
Es decir, tienen garantizados sus derechos laborales. Desde esta óptica, el III Convenio Colectivo Estatal del sector firmado por los agentes sociales se hacía eco de que “no parece procedente obstaculizar en la negociación colectiva la contratación a través de ETT”. [Seguir leyendo...]